Primero, el Gobierno dejó de subvencionar a los bancos, aeropuertos, financieras, compañías de seguros, casinos, empresas de telefonía móvil y actividades extractivas, como así también a los hidrocarburos y la minería. La quita de subsidios a los servicios de luz, gas y agua fue sorpresiva. La medida se tomó a principios de noviembre y tuvo como objetivo el ahorro fiscal, que en esa primera etapa significó 600 millones de pesos.
El 16 de ese mismo mes se anunció que la quita del beneficio abarcaría también a otras grandes empresas y a usuarios residenciales. De esa manera, el Gobierno informó que a partir del 1º de enero recortaría la totalidad de los subsidios para los usuarios de Barrio Parque y Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, y para todos los countries, barrios cerrados y clubes de campo del país, gran parte de los cuales se encuentran en la provincia de Buenos Aires y algunos de ellos en Loma Verde (resolución 1068/2011 del Ministerio de Infraestructura).
En este caso fueron 250 mil usuarios los afectados, que representan para el Estado un ahorro anual de 255 millones de pesos correspondientes solamente a energía eléctrica.
Los recortes fueron progresivamente abarcando las zonas de mayor poder adquisitivo y se trata de quitas directas, donde nada pueden hacer los usuarios para revertir la situación. Además, se habilitó una opción para quienes estuvieran dispuestos a renunciar voluntariamente al beneficio. Esto captó la adhesión de 20.055 clientes de empresas de servicios que consideraron que gracias a sus altos ingresos no necesitaban ser subsidiados por el Estado.
El alza en las facturas, en algunos casos, sería de hasta un 350%. La estrategia apunta a ir quitando los subsidios de forma progresiva hasta que, en el segundo semestre de 2011, sólo sigan subsidiados aquellos que justifiquen que no pueden pagar la totalidad de la factura. Para demostrar esto se cruzarán datos entre AFIP y la ANSES y se enviarán declaraciones juradas a cada uno de los hogares para que los clientes de los diferentes servicios completen un formulario y lo envíen de vuelta dentro de los 30 días de recibido. Quienes no lo hagan perderán el beneficio en el lapso de un mes.
El documento contiene 12 puntos y contempla diferentes situaciones de personas que necesiten un mayor consumo eléctrico por diferentes motivos, o que no estén en condiciones de pagar más dinero por los servicios. Los clientes que pidan mantener los subsidios deberán cumplir con alguno de los siguientes requisitos: ser pacientes que realicen un tratamiento debido a una enfermedad crónica que implique un mayor consumo de un servicio; jubilados que perciban la mínima; pensionados por vejez, invalidez o mujeres madres de 7 hijos nacidos vivos (biológicos o adoptivos).
Corre también para los beneficiarios de un plan o programa de acción social; si el lugar de residencia está afectado por razones de utilidad social como institutos, centros de recuperación, comedores comunitarios, etcétera, y quienes perciban asignaciones familiares por hijo. También podrán mantener los beneficios las viviendas en las que conviva un gran número de personas y los que posean un anexo destinado a fines comerciales.
Se tendrán en cuenta además a los que posean un certificado de discapacidad; si las construcciones están deterioradas e implican un mayor consumo de servicios. Aplica para los consumidores que por fines sociales están exceptuados para pagar el servicio de ABL o tasas municipales. Por último, se tendrá en cuenta a aquellos que declaren tener “ingresos insuficientes”.
La decisión de otorgarlo o no dependerá del criterio que aplique el Grupo de Trabajo creado especialmente para hacer una evaluación integral de la política de subsidios. Desde ese organismo analizarán hasta la posibilidad de enviar asistentes sociales a los domicilios para comprobar que quienes soliciten mantener el subsidio realmente lo necesiten.
El motivo por el cual el Estado ha decidido ir por los usuarios comunes es porque el consumo residencial en el país ha crecido de un 30% hace 15 años a un 45 en la actualidad.
En cuanto a quién gana con estas medidas, el presidente de la Cooperativa, Raúl Lo Nigro, expresó que “la quita del subsidio de ninguna forma representa una ganancia para nosotros, ya que estos subsidios correspondían a la generación de electricidad. Por el contrario, desde el vamos significa un aumento de costos, por ejemplo, el impuesto al cheque”.
Ponen la lupa sobre las tarifas
Los defensores del Pueblo de municipios bonaerenses decidieron conformar una comisión que se dedicará “al análisis de las tarifas y los subsidios” del servicio de energía eléctrica, “a instancias de los cambios que se van a producir en los primeros meses de 2012 y que tendrán su correlato en el bolsillo de la gente”, según anunciaron.
La decisión se tomó en el último cónclave con el defensor provincial, Carlos Bonicatto, del que participó la titular de la Defensoría del Pueblo de Escobar, Rocío Fernández. Durante el encuentro, los funcionarios comunales coincidieron en “la necesidad de estar alertas frente a eventuales aumentos encubiertos y la posibilidad de ayudar a los usuarios a leer la factura”.
Además, decidieron crear una Comisión de Servicios Públicos Interinstitucional “con el fin de estudiar la construcción de las tarifas y posicionarse como interlocutores de las autoridades provinciales y nacionales”, expresa un comunicado de prensa de la Defensoría de Escobar.
Al respecto, Fernández indicó que los vecinos que reciban facturas con “montos que consideren que no se adecuan al consumo” pueden buscar asesoramiento en la Defensoría, ubicada en Don Bosco 851 y vías, Belén de Escobar, de lunes a viernes de 7 a 14. O también llamar al 0800-555-3367. En cualquier caso, aconsejó consultar y despejar dudas antes de efectuar el pago del servicio.
También señaló que, de acuerdo a las características de su situación, los usuarios que no puedan afrontar esos montos tienen la opción de iniciar un recurso de amparo o solicitar su incorporación a un cuadro de excepción, siempre que haya causas debidamente fundadas.
